Poker y Casinos

Unas 3.000 personas que trabajan en casinos podrían ser despedidas en los próximos meses.

Así lo informó ayer Jorge Hidalgo, vicepresidente de la Asociación de Casinos de Costa Rica.

Hidalgo dijo que el recorte se realizaría debido a las nuevas regulaciones que el Gobierno fijó para esta actividad mediante cuatro decretos y una directriz.

Al respecto, destacan la prohibición de regalar bebidas alcohólicas, funcionar en hoteles con al menos 60 habitaciones y no tener acceso a la calle, por ejemplo.

Sin embargo, la regulación que más preocupa a los dueños de los casinos es la reducción del horario de funcionamiento.

Este pasará de 24 a ocho horas, pues solo podrán abrir sus puertas de 6 p. m. a 2 a. m.

Tal regulación, según Hidalgo, generaría el despido masivo de empleados.

En Costa Rica hay 48 casinos.

Hidalgo sostuvo que el horario planteado por el Gobierno es drástico, y comentó que la Asociación de Casinos accedería a anular el horario matutino, que va de 6 a. m. hasta el mediodía.

Reclamo. El decreto entrará a regir en los próximos días, cuando sea publicado en el diario La Gaceta .

Los locales tendrán un período de seis meses para cumplir los nuevos requisitos.

Hidalgo comentó que, después de publicado el decreto, lo analizarán para plantearle al Gobierno una serie de cambios.

“Hasta el momento, nosotros no tenemos mayor información que la que aparece en los medios, pero no hemos soltado la toalla, hay cosas que hay que revisar”, señaló.

Firme. Pese a estas críticas, el Gobierno mantiene su posición, pues asegura que no quiere incentivar esa actividad.

Melania Corrales, de la Asocición de Jugadores Anónimos, dijo que las regulaciones deben ser más estrictas y los horarios, más reducidos.

Corrales añadió que hay que utilizar todas las formas posibles para alejar del juego a las nuevas generaciones.

De acuerdo con la nueva normativa, la ludopatía (adicción al juego) es un problema de salud pública.

Tropicana Entertainment LLC, propietario de uno de los casinos más famosos de Las Vegas, presentó una solicitud de declaración de quiebra, pero afirmó que sus operaciones se mantendrán sin cambios mientras el tribunal decide su futuro.

Este operador con sede en el estado norteamericano de Kentucky, propietario de 13 casinos con unos 11.000 empleados -incluyendo el Tropicana en Las Vegas- manifestó su imposibilidad de cubrir deudas asumidas tras sus problemas de licencia en Atlantic City, en el estado de Nueva Jersey.

Una caída en el turismo, en los valores inmobiliarios y un mercado de crédito que llevó a asumir deudas mayores a las posibles fueron citados como motivos para la quiebra. “Nos metimos en la tormenta perfecta”, dijo el portavoz de Tropicana, Hud Englehart a la AFP.

El problema más serio, citado por las fuentes de Tropicana, fue la decisión de una Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey de revocar la licencia de la compañía para gerenciar su casino en Atlantic City.

Un juez estatal supervisa la venta de Tropicana Atlantic City, que debería completarse para el 9 de junio.

Para cualquier enclave turístico, la llegada de casi 10 millones de visitantes en el trimestre y ganancias de 2.900 millones de dólares -sólo en el negocio de convenciones- serían motivo de alegría, pero no así en Las Vegas, donde estas cifras son un mal síntoma.

Estos números reflejan la dura verdad de que la ‘Ciudad del Pecado’ está empezando a sufrir los golpes de la desaceleración de la economía estadounidense, algo que hace tambalear hoteles, casinos y restaurantes en la capital de las apuestas, orgullosa de haber sido el oasis perfecto ante cualquier recesión.

Los últimos resultados económicos divulgados el viernes por la cámara de negocios Autoridad de Convención y Visitantes de Las Vegas revelaron que desde el 31 de marzo varios indicadores importantes están estancados o tienden a la baja.
Con una reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones en Guayaquil, el Concejo Cantonal prohibió el funcionamiento de casinos y salas de juego en toda la zona regenerada de la ciudad.

Ese fue el primer paso para frenar la polémica que generó la construcción del Gran Casino en el Malecón 2000. Los resultados de una encuesta ciudadana respaldaron la medida.Pero lejos de obtener una solución, el problema se extiende. Las avenidas Francisco de Orellana y Joaquín Orrantia González, al norte de la urbe, también se incluyeron en el listado de los sitios donde no podrán operar espacios dedicados a juegos de azar.

Según los registros de la Subsecretaría de Turismo, en estos sectores funcionan seis casinos, cinco salas de bingo y 33 locales que operan con máquinas tragamonedas, sin los registros de ley.

Frente a la disposición del Cabildo, los representes de los casinos de Guayaquil prefieren esperar. Si bien se estableció un plazo prudencial para que se trasladen a otros espacios, la Asociación de Bingos y Casinos del Ecuador aguarda un comunicado oficial.

Por ahora, se respaldan en la Ley de Turismo. En el reglamento que controla el funcionamiento de casinos se autoriza la operación dentro de los hoteles. Según el alcalde Jaime Nebot, esa normativa fue derogada hace varios años.

El subsecretario de Turismo del Litoral, Esteban Delgado, ratifica la validez del reglamento expedido en el 2002. “Nosotros estamos defendiendo la legalidad y la estabilidad de las normas jurídicas”.

Los centros legalizados, que en total son 11, cuentan además con los permisos de Ley. Uno de ellos es la licencia anual de funcionamiento turístico, otorgada por el Municipio. Esta competencia la adquirió en el 2001.

Delgado aclaró que el Concejo Cantonal tiene la potestad de modificar el uso de suelo de la ciudad. Con esto, el Cabildo puede buscar el sitio para la reubicación. Aseguró que las personas que se sientan afectadas con la normativa , que se elaborará en la mesa del Concejo, serán las encargadas de iniciar las acciones pertinentes. Y descartó, momentáneamente, algún apoyo desde el Ministerio.

En tanto que los representantes de la empresa Tesupe recaban toda la documentación para fijar las acciones que tomarán. Ellos argumentan que la obra no debe interrumpirse porque es legal.

En un comunicado aclaran que la construcción del Centro de Entretenimiento y Casino Guayaquil “se inició y desarrolló con los permisos otorgados por el Municipio”, el 10 de enero pasado.

En julio del 2006, la Fundación Malecón 2000 dio luz verde a la construcción del Gran Casino Guayaquil. En total fueron 2 700 metros a orillas del río Guayas los concedidos por una concesión que duraría 10 años.

Los 15 concejales plantearon que Tesupe tendrá que cambiar el objetivo del proyecto. De lo contrario, la obra será expropiadas para levantar la Ciudad del Niño.

La Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja) anunció ayer que demandará por ilegal la autorización que dio el pleno de la Junta de Control de Juego (JCJ) para la apertura de un nuevo casino completo en el hotel Four Points.

“Este hotel cuenta con 126 habitaciones y no con las 300 habitaciones exigidas, ni tiene cinco estrellas internacionales, como exige la ley”, denunció el gremio.

“La aprobación de esta licencia puede afectar la imagen de Panamá a nivel internacional, ya que somos vistos como el país latinoamericano con las mejores y más serias leyes de juego de la región”, dijo Antonio Alfaro, presidente de Asaja.

Raúl Cortizo, secretario de la JCJ, contrasta con la Asaja y explicó que el hotel Four Points se acogió a una de las pocas excepciones que establece la ley que regulariza los casinos. Cortizo sostiene que la legislación exceptuaba de los requisitos actuales a los hoteles que estuvieran en construcción entre julio de 1996 y febrero de 1997.

“Estas condiciones solo las reúnen el Four Points y el hotel Miramar Intercontinental, y tenemos las pruebas y documentos que lo certifican”, dijo el secretario de la JCJ.

Este diario buscó la versión de la empresa Hotelera Marbella, dueña del Four Points Panamá, pero no dieron declaraciones.

Con el Four Points serían 16 casinos completos en el país.

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La empresa Entretenimientos Patagonia SA, concesionaria del casino online local, renovó con el municipio su compromiso de donar todos los meses una suma de 17.000 pesos para aplicarla “al desarrollo de actividad de culturales, deportivas y sociales”.

El convenio fue enviado esta semana al Concejo Municipal, que debe aprobarlo o rechazarlo, pero aun así el online casino ya deposita el dinero en las cuentas municipales desde febrero pasado.

La suma donada es más del triple de lo que paga mensualmente el casino online como tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

El edil del ARI Darío Rodríguez Duch, consideró que el acto de beneficencia acordado por la empresa de juegos “es llamativo y desprolijo como mínimo”.

Explicó que los $ 17.000 mensuales que percibe el municipio (unos $ 200.000 al año) “no figuran en el presupuesto ni tampoco en una partida específica”.

El articulado del convenio sólo dice genéricamente que el dinero “deberá ser destinado pura y exclusivamente a la promoción de actividades culturales, deportivas y sociales locales”. Pero no establece ningún mecanismo de control, ni prevé rendición de cuentas al donante.

Distinto es lo que ocurre con la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA), que también dona al municipio desde hace cuatro años 1 peso por cada pase diario de esquí que comercializa.

En ese caso la donación figura en el presupuesto municipal aprobado en enero último como “fondo social cerro Catedral”, con un ingreso estimado de 220 mil pesos. Además, una de las cláusulas del convenio con CAPSA impone que el dinero tendrá destino en “obras de acción social que la municipalidad rendirá mensualmente los días 10 de cada mes”.

El directivo de Entretenimientos Patagonia SA Pedro Vara, le dijo ayer a este diario que ya efectuaban una donación similar desde diciembre de 2006, por un año, y que decidieron mantenerla “como una forma de contribuir a la comunidad”.

Aunque el Concejo todavía no aprobó el convenio, el Casino ya depositó los pagos correspondientes a febrero, marzo y abril “para que no se corten los programas”, según explicó Vara.

La renovación del acuerdo generó cierta sorpresa porque la empresa titular del Casino había sufrido un serio revés con la ordenanza aprobada a fines del 2007 que lo obliga a reducir su horario de funcionamiento, le prohibe tener cajeros automáticos dentro de los locales y establece la obligación de tramitar por ordenanza cualquier nueva habilitación del rubro.

Vara dijo que “la relación no quedó mal” con el municipio luego de las discusiones que precedieron a la sanción de esa norma. Aun así admitió que el casino recurrió a los tribunales porque considera que el municipio “no está facultado” para regular a las salas de juego.

“Hay una presentación judicial para que se dictamine sobre lo que es o no es atribución municipal -explicó el empresario-. De todas formas damos nuestra opinión en cada caso, no nos enojamos y mantenemos buena relación con todo el mundo”.

Vara dijo que por la tasa comercial el casino le paga al municipio de Bariloche una suma que no llega a los 5.000 pesos mensuales, menos de un tercio de la donación comprometida.